lunes, 2 de noviembre de 2015

Borrador del Manifiesto que se debatirá en el Encuentro Venezolano de Universitarios Bolivarianos, en Caracas, 5 de noviembre de 2015.

MANIFIESTO DE CARACAS
(propuesta para llevar al encuentro)
Aprobado en el Encuentro Venezolano de Universitarios Bolivarianos, realizado en la ciudad de Caracas, el 5 de noviembre de 2015

Los abajo firmantes, integrantes de colectivos de trabajadores y estudiantes bolivarianos de distintas universidades públicas de Venezuela, nos reunimos en Caracas para compartir los análisis y las perspectivas sobre la actual crisis universitaria. Lo hacemos con la finalidad de aportar  alternativas para la acción, las cuales  conduzcan, a mediano plazo,  a la superación de la actual crisis universitaria. Por todo esto, nos dirigimos a la comunidad nacional para exponer las siguientes conclusiones:
1)      Estamos en una coyuntura electoral decisoria

El proceso electoral del 6-D ocurre en una compleja situación política  y económica. Los trabajadores y el pueblo en general están viviendo una decidida obstaculización para el acceso de los alimentos, acompañada por una espiral galopante de inflación y especulación que golpea el bolsillo de los asalariados y el ingreso de los hogares venezolanos. Estamos convencidos de que una Asamblea Nacional con  mayoría parlamentaria perteneciente a la derecha  puede proceder a la disolución y recomposición (desde sus intereses mezquinos) de  los poderes públicos claves, tales como el Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral. Esto con el objeto de promover una reforma constitucional que luego facilite la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Todo esto tendrá el firme propósito de  desmontar las conquistas sociales  consagradas  en logros como la Ley Orgánica del Trabajo, el sistema público de salud, los esfuerzos por mejorar la educación pública, promover un referendo revocatorio presidencial y bloquear la aprobación del presupuesto nacional, entre muchas acciones desestabilizadores. Una hoja de ruta así colocará sobre la mesa un plan de contrarreformas neoliberales. Ante este contrataque del capital  y  por la defensa de las conquistas populares, proponemos ni un solo voto para la derecha patronal. Llamamos a movilizarnos este 6 de diciembre y a votar por los diputados que garanticen la aplicación de un programa legislativo a favor de los trabajadores y el poder popular; así como también exhortamos a acompañar los procesos de escrutinio y a la vigilancia de los medios de comunicación interesados en subvertir el orden constitucional vigente.

2)      La angustiante situación de diez universidades públicas y autónomas
   Un número importante de universidades públicas venezolanas (10 universidades dominada y administrada por la más recalcitrante derecha conservadora) padecen una serie de situaciones problemáticas, entre las cuales podemos destacar:

a.    Una supuesta crisis presupuestaria. Aunque el discurso de las autoridades rectorales (vencidas en sus períodos), se ha afincado en una supuesta asfixia presupuestaria generada por la asignación financiera «deficitaria» del gobierno bolivariano, la realidad arroja otros datos. Como se puede comprobar con  números, año tras año, la OPSU ha cumplido con otorgar (mediante presupuesto ordinario y créditos adicionales) cifras cercanas al 100 % de lo originalmente solicitado por cada institución. Serias deficiencias en las distintas vocerías gubernamentales han demostrado su incapacidad para rebatir el discurso de los rectores opositores. Esto ha permitido que la manipulación (la no demostrada asfixia presupuestaria) termine siendo percibida como una verdad absoluta por la comunidad nacional.
b.    La ausencia de contraloría gubernamental sobre la ejecución presupuestaria de las universidades. Se hace urgente una auditoría administrativa y académica de estas diez universidades públicas venezolanas. Esto se justifica por las distintas irregularidades fácilmente observadas en su gestión administrativa. Entre ellas podemos mencionar el ingreso indiscriminado de personal obrero y administrativo, el cual ya supera ampliamente los estándares que establecen un personal administrativo-obrero por cada tres profesores. Otra no menos vergonzosa es la asignación financiera para vigilancia y seguridad. Ella, en algunos casos, supera cinco veces la asignación para investigación. No es menos irregular la escasa apertura de concursos para personal docente ordinario y la proliferación de los docentes contratados; así como la autoasignación, por parte de las autoridades, de jugosas primas de jerarquía que alcanzan hasta los 144 000 bolívares anuales.
c.     La crisis de legalidad y legitimidad de las autoridades rectorales. Los Consejos Universitarios han incumplido  los mandatos que tanto la Ley Orgánica de Educación en su artículo 34 como el Tribunal Supremo de Justicia, han realizado en lo concerniente a exhortarlos a la elaboración de un nuevo reglamento electoral. Un nuevo reglamento realmente democrático, que permita la participación de los estudiantes, empleados, obreros y profesores en la elección de sus autoridades. Esto ha conducido a la situación actual en la que contamos con autoridades (rectores, decanos y consejeros universitarios) cuyos períodos están vencido desde hace tres o cuatro años. Una situación que amenaza con extenderse de manera indefinida al no existir propuesta política alguna por parte del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) para recuperar, en el corto plazo, la legalidad y la legitimidad de las autoridades universitarias. La necesidad de una nueva Ley de Universidades y de un reglamento electoral democrático y participativo constituyen, hoy, prioridades para el desarrollo inmediato del proceso educativo universitario. Esto supone que la A.N. que resulte electa el 6D deberá acometer esta tarea estratégica para  desarrollar una nueva visión y una nueva misión del sector universitario nacional.
d.    La creación de ciencia y tecnología parece no ser prioridad. Está planteada la interpelación profunda de la política de financiamiento y seguimiento de la investigación científica,  tecnológica e innovación dentro de las universidades. Las instancias competentes, tanto a nivel gubernamental (ONCTI, PEII), como de cada universidad (los CDCHT), parecen desentenderse de la necesidad del financiamiento y apoyo al proceso de investigación y de creación de nuevos conocimientos pertinentes para la ejecución del Plan de la Patria. De una investigación que garantice el bienestar general de las grandes mayorías y la vinculación de nuestro sistema productivo a los espacios continentales de integración económica. Por el contrario, la investigación universitaria languidece en un contexto de crisis nacional y han dejado de ser una labor y un compromiso central en nuestras universidades. Se convierten, así, en simples instituciones reproductoras de saberes o simple productoras de profesionales para un mercado laboral. Urge, entonces, recuperar la investigación en las universidades como centro y como poder de transformación real de nuestra realidad. Sin conocimiento emancipado no habrá desarrollo posible.
e.    La paralización de actividades docentes y las deficientes respuestas gubernamentales. La huelga convocada por la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) mantiene paralizada la docencia en unas diez universidades públicas nacionales. El conflicto  se funda en una clara intencionalidad política que busca agriar el escenario electoral de diciembre. Ante ello, el gobierno bolivariano ha respondido con posturas tímidas,  contradictorias y que contribuyen a la prolongación de una huelga que amenaza con llegar al 2016. Esto cercena el derecho al estudio de miles de estudiantes. Desde el 2013 hasta la fecha, se han perdido la mitad de los períodos académicos, todos por conflictos  espoleados por la FAPUV o por la oposición venezolana.
f.     La justa aprobación de la II Convención Colectiva Universitaria y sus limitaciones. Reconociendo la voluntad del gobierno bolivariano de cumplir con el derecho constitucional a la contratación colectiva pese a la caída de los ingresos públicos, reclamamos los perjuicios cometidos contra el personal docente.  Derechos como la prima de antigüedad cobrada por trabajadores administrativos y obreros o el pírrico aumento de la prima de titularidad (un 20 %) son una muestra de ello.  También se perjudicó a los investigadores no docentes con título de doctor al no concedérseles el bono doctoral que le pagan a los docentes. Estos maltratos económicos generan malestar en la comunidad docente y administrativa y no favorece a la comprensión adecuada de las bondades de la II CCU. La propuesta de considerar la productividad de los profesores como dispositivo de compensación salarial (quien más más productos académicos genere, que más gane) tampoco ha sido nunca considerada en las convenciones colectivas universitarias.
g.    El secuestro de la universidad por una burocracia conservadora. El ejercicio de la autonomía ha sido sacado de su ámbito académico, científico y organizacional para instalarlo en la generación de procesos de insubordinación a la ley, a los reglamentos internos, a las instituciones del país. También ha sido usada para el apoyo de salidas inconstitucionales y violentas en contra del gobierno democráticamente electo por la mayoría en Venezuela. Se ha apelado a la autonomía para hacer oscuros los procesos de administración universitaria. Estas diez universidades conservadoras olvidan que la autonomía ha sido reivindicada constitucionalmente para ser útil a la sociedad y la humanidad toda. Sin embargo, solo apelan a ella para librarse de responsabilidades, para ocultar acciones reñidas con la justicia social, para huir a la contraloría de la sociedad venezolana o para proteger mafias estudiantiles que ensucian la vida académica en general.

h.    La desvinculación en la academia de las prioridades nacionales y populares. Los procesos de enseñanza-aprendizaje están sometidos a largos y engorrosos procesos burocráticos. Ello impide su evaluación y actualización adecuada y mantienen una discordancia con los objetivos definidos en el Plan de la Patria. La ausencia de mecanismos de evaluación de desempeño de las carreras universitarias revelan la inconcordancia de una universidad que se resiste a reconocer a la sociedad venezolana en sus nuevos planteamientos y constantes retos.
i.      La universidad secuestrada por mafias. El reciente asesinato de un estudiante  dentro de la Universidad del Zulia ejemplifica las consecuencias nefastas que ha traído sobre la vida académica el crecimiento de mafias pseudoestudiantiles institucionalizadas. Estas mafias han venido ocupando y saturando numerosos espacios dentro de las casas de estudio, sin que las reiteradas denuncias de su podredumbre y violencia hayan conducido a que los organismos competentes externos actúen para restablecer el orden; y peor aún: sin que las autoridades universitarias mismas generen acciones administrativas severas con las que se garantice la paz,  la convivencia y el desenvolvimiento de la academia dentro de las universidades. En la actualidad, la universidad pública venezolana  está sometida a mafias falsa-estudiantiles que coaccionan y restringen todo el desempeño de la vida universitaria y que se apropian, delictualmente, del gran parte del presupuesto asignado a nuestras universidades. ¡Esto debe cesar ya!
a      El vacío político gubernamental hacia las universidades. Ante la ausencia casi absoluta de políticas y propuestas gubernamentales hacia estas diez universidades conservadoras y las deficientes definiciones hacia todo el sistema universitario, se hace urgente la constitución del Consejo Presidencial de Universidades, Ciencia y Tecnología, el cual estaría integrado por los colectivos de las diferentes universidades del país comprometidos con la transformación universitaria apegados al Plan de la Patria. Desde él  se abordaría, discutiría y aprobarían las líneas fundamentales de cambio institucional, incluida la redacción de una propuesta de   Ley de Universidades. También realizaría procesos de evaluación institucional, académica y administrativa de todo el sector universitario, sin excepción.
3)      Sobre el eufemismo político-partidista de FAPUV

  Rechazamos, de manera categórica, la paralización de actividades académicas promovida por la FAPUV en estas diez casas de estudio. El eufemismo de «no reincorporación a clases»  ha afectado a más de trescientos mil estudiantes. Esta huelga afecta todas las funciones esenciales del sector universitario (investigación, docencia y extensión) e impacta negativamente en el estudiantado y en desarrollo de conocimiento.  En una situación de crisis económica profunda como la que atraviesa Venezuela, las universidades venezolanas deben abrirse al debate y los procesos críticos de su propia esencia interna, deben buscar las maneras de contribuir al crecimiento de nuestro aparato productivo y determinar las múltiples facetas en que las facultades y escuelas pueden aportar al cumplimiento del Plan de la Patria. La paralización de actividades académicas cercena cualquier posibilidad de acción crítica y transformadora dentro de las universidades y coarta su vinculación con el resto del país. Por ello, llamamos a la comunidad universitaria, a sus estudiantes y profesores, a los trabajadores administrativos y obreros, a mantener activa la vida académica de la institución, a activar múltiples mecanismos legales para lograr el reinicio de las actividades docentes y a presionar con la presencia en las aulas, laboratorios, bibliotecas y pasillos universitarios para que nuestra alma máter se mantenga viva y pueda avanzar en la creación de los valores, de la ciencia y la tecnología necesarias para salir adelante en esta difícil hora que nos toca enfrentar.

4) Hay que reconstruir a las universidades

   Todas las universidades venezolanas, especialmente las diez instituciones conservadoras, requieren de una revolución interna. Como universitarios comprometidos con los intereses de la nación y del pueblo trabajador, entendemos que nuestra labor está orientada, principalmente, a facilitar las funciones sociales fundamentales de formación, creación intelectual e interacción con las comunidades establecidas por la LOE (art. 34), en atención al Plan de la Patria. La labor universitaria debe apuntar a la búsqueda de la soberanía científica y tecnológica y el pleno desarrollo humano. Ya sea mediante un proceso Constituyente Universitario, un proceso de elaboración y debate de una nueva Ley de Universidades u otros mecanismos que se propongan, es imperativo avanzar hacia una profunda transformación de las universidades venezolanas si queremos que ellas contribuyan de manera decisiva al proceso de construcción de una sociedad soberana, emancipada, democrática, realmente plural, justa, socialista. En ese norte comprometemos nuestro esfuerzo.

5) Contra el «Apagón pedagógico global»

    Los universitarios revolucionarios de todo el mundo tenemos la tarea de combatir  el giro economicista hacia donde marcha la UNESCO; manifestado ahora abiertamente luego del Foro Mundial de Educación realizado en Incheon, Korea (26-05-2015). Observamos el riesgo que contiene para la perspectiva humanista e integral de la educación, el renovado protagonismo de los llamados «aliados» o «socios mayores», expresados en instancias financieras y económicas globales. Estas instancias se consideran, a sí mismas, habilitadas para dirigir la agenda educativa planetaria. No es casualidad, por ejemplo, que «la pedagogía de las competencias» se haya convertido en un proceso de homogeneización impulsado por organismos financieros como el Banco Mundial, al cual  se impone en todos los sistemas educativos de los países como la panacea pedagógica. A ese proceso se le une toda la batería de medidas neoliberales que han empobrecido a la clase trabajadora, incluida la desrregulación laboral que ha llevado al empleo precario y a los bajos salarios. Del mismo modo, también observamos la poca participación de maestros, profesores e investigadores en los encuentros educativos mundiales organizados por UNESCO como el Foro Mundial de Educación. Por eso nos planteamos la necesidad de trabajar, de manera renovada, para garantizar el derecho humano a la educación para todos, por una educación pública, gratuita y de calidad; así como la recuperación de una educación que esté guiada por las ciencias pedagógicas  humanistas y no por las lógicas del mercado. 

NUESTRO COMPROMISO HISTÓRICO

  Asumimos el compromiso de constituir un MOVIMIENTO NACIONAL DE UNIVERSITARIOS BOLIVARIANOS, el cual se atreva a realizar el parto de las propuestas aquí expresadas. Para ello iniciaremos un amplio debate en cada universidad a fin de avanzar, democráticamente, en la construcción de la unidad y profundidad política que permita hacer posible la transformación universitaria en función del desarrollo socialista del país.

¡POR UNA UNIVERSIDAD DEMOCRÁTICA, PARTICIPATIVA,  PROTAGÓNICA Y EMANCIPADA!

En Caracas, cuna del Libertador, a los cinco días del mes de noviembre de dos mil quince.

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